La Corte de Justicia confirmó la condena de tres años de prisión de ejecución condicional y costas que la Sala III del Tribunal de Juicio impuso a Daniel Leandras (47), alias “Nico”, y a su madre, Elsa Miguel (68), por resultar coautores material y penalmente responsables del delito de estafa (estelionato).

En el fallo, se impuso a los condenados el deber de fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de Presos y Liberados por el término de dos años. Además, se hizo lugar parcialmente a la demanda civil y, en consecuencia, se condenó a Leandras y Miguel, propietarios de una agencia de venta de automotores, a pagar al damnificado 49 mil pesos en concepto de reparación integral por daños y perjuicios, más los intereses judiciales desde la fecha del hecho y hasta su efectivo pago.

El fallo de la Sala III del Tribunal de Juicio quedó firme al rechazar la Corte de Justicia un recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa técnica de los demandados. El Alto Tribunal había denegado previamente a la parte una medida de casación.

La denuncia contra Daniel Leandras y Elsa Miguel fue presentada por Víctor Aníbal Tissera, presidente de la Fundación Changuito Dios, el 17 de octubre de 2006. El denunciante expuso que en junio de 2006 compró en la concesionaria de Leandras y Miguel una camioneta Ford Ranger 4x4 que tuvo que devolver porque se encontraba inhibida para su venta. Ante esta situación, en la agencia le propusieron cambiársela por otro vehículo. Entonces se hizo una nueva operación para la compra de una Ford Explorer XLT. La primera camioneta fue entregada como parte de pago, más dinero en efectivo.

Tissera no retiró el segundo vehículo en ese momento porque éste no estaba disponible y, como él tenía que hacer un viaje de 15 días, Leandras se comprometió a entregárselo a su regreso. Por la adquisición de la Ford Explorer, Tissera recibió un boleto de compra venta firmado por Daniel Leandras. Elsa Miguel figuraba en los documentos como propietaria de la concesionaria.

El denunciante volvió a buscar la camioneta en el tiempo estipulado, pero se la entregaron recién cuatro meses después. El vehículo que recibió no funcionaba (le faltaba la caja de cambio, un pedal y el equipo de gas) y también estaba inhibido para la venta por encontrarse en concurso preventivo.

Fuente: Poder Judicial de Salta