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PRESUNCIONES - ACTUALIZACIÓN MONETARIA - INTERESES - LOCACIÓN DE SERVICIOS - NORMAS DE EMERGENCIA - CONTRATO DE TRABAJO - TRABAJADOR AUTÓNOMO - RELACIÓN DE DEPENDENCIA - DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD - INCUMPLIMIENTO EN LOS APORTES PREVISIONALES

Partes: Tabacman Alfredo Mario c/ Gendarmería Nacional Argentina Ministerio de Seguridad Estado Nacional s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo – Sala: VII del 1-abr-2015

En tanto las tareas del profesional 'locutor' eran sin duda dirigidas por la demandada, se juzgó por presunción del art. 24 LCT, que existió relación laboral.

Sumario:

1.- Corresponde confirmar que el actor realizó sus tareas de locutor en forma dependiente para la demandada toda vez que si bien la parte negó el vínculo de trabajo con el actor, -señalando que existió una contratación de servicios profesionales durante algunos períodos de tiempo-, no logró desvirtuar la operatividad de la presunción prevista en el art. 23 LCT. pues no se acompañaron instrumentos idóneos que permitan calificar el vínculo que unió a las partes como autónomo a fin de excluir la existencia de un contrato de trabajo.

2.- Toda vez que el actor se desempeñó como locutor efectuando dichas tareas en los diversos eventos, ceremonias o protocolos en que la demandada participaba u organizaba, y siendo que recibía instrucciones de la demandada correspondientes a las secuencias que se iban a desarrollar en los actos ceremoniales y las glosas que debía leer, corresponde confirmar que existió relación laboral entre las partes.

3.- El incumplimiento de la obligación de efectuar aportes y contribuciones no los subroga en el ejercicio de las acciones legales tendientes a su cobro pues los incumplimientos relacionados con los aportes y contribuciones con destino a la seguridad social no representan, -ni representaron-, un perjuicio actual para los trabajadores, que bien pueden -o pudieron- denunciar la irregular situación a los organismos destinatarios de esos aportes, que son los legitimados para reclamarlos.

4.- Corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad del art. 4°, párrs. 6° y 8° , de la Ley 25.561, -que modificó los arts. 7° y 10 de la Ley 23.928-, que prohíben la indexación de créditos, toda vez que la tasa activa bancaria contiene un componente enderezado a la corrección de la inflación prevista para el lapso que corresponde.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 01 días del mes de ABRIL de 2015, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR LUIS A. CATARDO DIJO:

I.- La sentencia de grado acogió parcialmente la demanda que procuró el cobro de diversos créditos de naturaleza laboral.

Contra dicha decisión se alzan en apelación ambas partes conforme a los recursos obrantes a fs. 223/229 y fs. 230/235.-

II.- La parte actora señala que el decisorio de grado omitió el tratamiento de determinados puntos propuestos por su parte. Cuestiona la omisión del Sr. Juez de grado de condenar a la demandada a efectuar los aportes y contribuciones de la seguridad social por su relación laboral. Asimismo, cuestiona la base remuneratoria acogida en grado. Solicita que se condene al pago de los salarios correspondientes a febrero y marzo de 2010 que -señala- el "a quo" omitió en su decisorio. Insiste en el planteo de inconstitucionalidad del artículo 11 de la ley 25.164 y del artículo 4º de la ley 25.561 (que prohíbe la indexación de créditos). Pide que se sancione a la demandada por "temeridad y malicia" (art. 275 de la LCT). Por último, cuestiona las regulaciones de honorarios.

La parte demandada se agravia -en concreto- porque el Sr. Juez "a quo" concluyó que medió entre las partes una relación de trabajo subordinado. Asimismo, apela la forma de imposición de costas del proceso.

III.- Razones de buen método imponen tratar liminarmente el recurso de la parte demandada y adelanto que, por mi intermedio, no tendrá favorable recepción.

En efecto, las declaraciones testimoniales de Brizuela, Alemandi, Cuellar y Carrera (fs. 188/193) -no impugnados por la quejosa- dan cuenta que el actor se desempeñó como "locutor" efectuando dichas tareas en los diversos eventos, ceremonias o protocolos que aquella participaba u organizaba.Asimismo, que el actor recibía instrucciones de la demandada correspondientes a las secuencias que se iban a desarrollar en los actos ceremoniales y las glosas que debía leer, las que eran preparadas por la División Ceremonial y Protocolo de aquella.

Al respecto, cabe recordar que el artículo 23 de la LCT establece "El hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario". Aclarándose que "Esa presunción operará igualmente aun cuando se utilicen figuras no laborales, para caracterizar al contrato, y en tanto que por las circunstancias no sea dado calificar de empresario a quien presta el servicio".

En el caso, la demandada negó el vínculo de trabajo con el actor, señalando que existió una contratación de servicios profesionales durante algunos períodos de tiempo (ver fs. 83). Sin embargo, ninguna prueba trajo a la causa a fin de desvirtuar la operatividad de la presunción prevista en el artículo 23 citado. No se acompañaron a la causa instrumentos idóneos que permitan calificar el vínculo que unió a las partes como "autónomo" a fin de excluir la existencia de un contrato de trabajo. Al respecto, cabe señalar que era la demandada quién debía producir esta prueba ya que era quién en mejor estaba en condición de hacerlo, en cuanto es presumible que tuviera los instrumentos correspondientes en su poder (art. 377 y 388 del CPCCN).

Desde tal perspectiva, y más allá que el planteo se remite a cuestiones meramente genéricas, se impone confirmar lo resuelto en grado en cuanto al fondo del asunto se refiere.

IV.- La misma suerte habrá de correr el recurso de la actora.

En efecto, de principio cabe recordar que este Tribunal está facultado para resolver los puntos omitidos en la instancia anterior, siempre que hayan sido puestos a consideración del Sr. Juez de grado (arts. 277 y 278 del CPCCN).

Sentado lo expuesto, corresponde desestimar el primer planteo.Esta Sala ha sostenido reiteradamente que en lo atinente a los incumplimientos relacionados con los aportes y contribuciones con destino a la seguridad social, corresponde señalar que no representan -ni representaron- un perjuicio actual para los trabajadores, que bien pueden -o pudieron- denunciar la irregular situación a los organismos destinatarios de esos aportes, que son los legitimados para reclamarlos. El incumplimiento de la obligación de efectuar aportes y contribuciones no los subroga en el ejercicio de las acciones legales tendientes a su cobro (SD 33.853 del 27/12/2006 in re "Luna, Ricardo C/ Linea 22 SA S/ Dif. De Salarios", entre otras)

Tampoco es procedente el siguiente agravio que procura que se tome la base salarial informada por la Asociación de Trabajadores del Estado a fs. 202 ($ 1.599,36.-) toda vez que el actor no acreditó en la causa haber cumplido las funciones previstas en la "categoría 19" sobre la que se basa el informe aludido, más allá de haber sido denunciado en la demanda y negado por la contraria en su responde (ver fs. 12 vta. y fs. 83). En consecuencia, debe desestimarse dicha pretensión.

La misma suerte habrá de correr el agravio que persigue el cobro de los salarios correspondientes a febrero y marzo de 2010, en cuanto el actor no acreditó en la causa haber prestado servicios o devengado remuneración en esos períodos, teniendo en consideración que la demandada desconoció todo vínculo de trabajo con el actor para esa época (ver fs. 83).-

El planteo que persigue la declaración de inconstitucionalidad del artículo 11 de la ley 25.164 debe ser desestimado, en cuanto representa una simple discrepancia subjetiva del apelante con lo resuelto en grado, sin que se observe una crítica concreta y razonada del aspecto de la sentencia que se considera equivocado (art. 116 de la ley 18345). Sin perjuicio de señalar que el Sr.Juez "a quo" aplicó el criterio seguido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Ramos" (ver fs.222) sobre el que la apelante no articuló planteo alguno.-

Corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad del artículo 4°, párrafos 6° y 8°, de la Ley 25561 que modificó los artículos 7° y 10 de la Ley 23928 que prohíben la indexación de créditos, toda vez que la tasa activa bancaria contiene un componente enderezado a la corrección de la inflación prevista para el lapso que corresponde. Lo expuesto significa que la legítima inquietud planteada por el actor ha sido prevista por esta Cámara, que ha encarado su adecuada atención, a través de un expediente técnico que, en principio, compensa el perjuicio que se pretende reparar a través de las declaraciones de inconstitucionalidad de normas que proscriben la indexación de los créditos. Dado que, cabe reiterarlo, la declaración de inconstitucionalidad de cualquier norma es la "ultima ratio" del orden jurídico.

El siguiente planteo también debe ser desestimado, toda vez que no se advierte que la conducta procesal de la demandada pueda ser calificada como " temeraria" o "maliciosa", en los términos de los artículos 275 de la LCT y 34 inc.6º del CPCCN, ya que no se desprende un uso desaprensivo de la jurisdicción o la utilización de defensas claramente dilatorias u obstruccionistas en el proceso.

V.- La forma de imposición de costas del proceso deben ser confirmadas, toda vez que se ajustan al "principio de la derrota" consagrado por el artículo 68 del CPCCN.-

Las regulaciones de honorarios lucen razonables, considerando la importancia, mérito y extensión de las tareas cumplidas, y normas arancelarias aplicables (artículos 38 de la ley 18345 y concordantes de la ley 21839 y decreto ley 16638/57).-

VI.- Con fecha 21 de mayo del corriente año la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, mediante Acta 2601, adoptó, para corregir los créditos laborales, la tasa de interés nominal anual que el Banco Nación aplica para préstamos de libre destino.

En la misma reunión se estableció que la nueva tasa sería aplicable para los juicios sin sentencia, en la inteligencia de que, en los que ya hubiere recaído pronunciamiento, aplicar retroactivamente la nueva tasa afectaría de algún modo la cosa juzgada.

Ahora bien, es claro que la Cámara adoptó una nueva tasa de interés a partir del 21 de mayo de 2014 lo que, en definitiva, no implicó más que un sinceramiento con las diferentes variables de la economía, frente a una tasa evidentemente desactualizada.

Los índices oficiales revelan un notorio incremento en el costo de vida (superados ampliamente por otras entidades que relevan los mismo datos) y esta circunstancia, que se trasluce asimismo en las negociaciones salariales, impone a los jueces el deber de revisar esta cuestión, por resultar inequitativo mantener la tasa de interés cuyo sentido es el de compensar la mora y penar la demora en el pago de créditos laborales.

Aplicar la nueva tasa, a partir de su vigencia, simplemente implica mantener la obligación originaria corregida tan sólo en la expresión nominal, permitiéndole conservar el sentido con el que fue fijada en la sentencia.

De otro modo los acreedores laborales verían notoriamente reducidossus créditos, afectándose directamente su derecho de propiedad.

La modificación de la tasa de interés a partir de la vigencia del Acta 2601, no afectaría los efectos de la cosa juzgada ni dejaría en estado de indefensión al deudor, sino simplemente adecuaría los efectos del pronunciamiento al contexto actual, al cual no se habría arribado si la deudora hubiese cumplido sus obligaciones en tiempo propio.

Con base en todo lo expuesto corresponde establecer que la tasa fijada en grado regirá hasta el 21 de mayo de 2014, fecha a partir de la cual se utilizará la tasa de interés nominal anual que el Banco Nación aplica para préstamos de libre destino, plazo 49 a 60 meses.

IV.- Por las razones expuestas propongo en este voto:

1) Confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de re cursos y agravios, con los intereses establecidos en grado corregidos de conformidad al presente pronunciamiento. 2) Imponer las costas de alzada en el orden causado, atento el resultado de los recursos. 3) Regular los honorarios de los letrados intervinientes en el 25% de lo que, en definitiva, les corresponda por su actuación en la anterior instancia (artículo 68 del Código Procesal; 14 de la ley 21839).-

EL DOCTOR VICTOR A. PESINO DIJO:

Que, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

1) Confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de recursos y agravios, con los intereses establecidos en grado corregidos de conformidad al presente pronunciamiento.

2) Imponer las costas de alzada en el orden causado.

3) Regular los honorarios de los letrados intervinientes en el 25% de lo que, en definitiva, les corresponda por su actuación en la anterior instancia.-

Regístrese, notifíquese, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 4º Acordada CSJN 15/13 del 21/05/13 y, oportunamente, devuélvase.

Ante mí:

LUIS A. CATARDO
JUEZ DE CAMARA
VICTOR A. PESINO
JUEZ DE CAMARA
ALICIA MESERI
SECRETARIA

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