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DERECHO AL HONOR - RESPONSABILIDAD CIVIL - NEGLIGENCIA - RESPONSABILIDAD DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN - INFORMACIÓN FALSA E INEXACTA - REAL MALICIA - RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL - DERECHO A LA INFORMACIÓN - LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Partes: Kemelmajer de Carlucci Aida Rosa c/ Lanata Jorge y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación – del 30-sep-2014

La Corte eximió de responsabilidad al periodista acusado de daño al honor por haber difundido información sobre supuestas denuncias por tráfico de influencias en relación con la postulación de la actora al cargo de Juez de la Corte Suprema.

Sumario:

1.-Corresponde revocar la sentencia que confirmó la condena por daños y perjuicios a un periodista a raíz de la alegada violación del honor de una jueza, producida por los dichos del demandado en un programa televisivo -en el cual afirmaba que el Poder Ejecutivo había descartado su candidatura a la posición de juez de la Corte Suprema, en virtud de una serie de denuncias por tráfico de influencias que la involucrarían- toda vez que el a quo ha aplicado erróneamente la doctrina sentada en el caso Patitó (del dictamen del Procurador General al que la Corte remite)

2.-Para proteger un derecho a la libertad de expresión cuando entra en colisión con otros derechos -en este caso, el derecho al honor-, la doctrina constitucional, desarrollada especialmente entre los precedentes Costa y Patitó , asegura a quien difunde información de relevancia pública que, en la medida en que la información puede afectar el honor o la estima de una persona pública, ella sólo puede dar lugar a responsabilidad jurídica si el agraviado en su honor prueba la falsedad de la información propalada y el hecho de que fue difundida a sabiendas de su falsedad o con temerario desinterés acerca de su probable carácter falaz. (Del dictamen del Procurador General al que la Corte remite)

3.-La doctrina de la libertad de expresión desarrolada en Costa resulta aplicable al caso pues la actora, en su entonces carácter de jueza de una Suprema Corte Provincial ha de ser considerada una persona pública en los términos de los precedentes Dahlgren , entre otros; el tema sobre el que versaba la información objetada -el de las consideraciones que el Poder Ejecutivo habría tomado en cuenta para no nominar a la actora como candidata a la posición de jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- era de un innegable interés público; y, finalmente, el agravio de la demandante se deriva del alegado carácter falaz de la información difundida (del dictamen del Procurador General al que la Corte remite)



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